Se trata del dictamen que propone prohibir a las entidades públicas contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios para actividades de naturaleza subordinada.
“En la práctica dichos contratos son utilizados para poder encubrir verdaderas relaciones de trabajo asignadas a pesar de disposiciones vigentes. Ello también genera que a servidores públicos contratados se les prive de sus derechos laborales y sociales mínimos justamente por el consentimiento de autoridades que justifican tal contratación señalando que se ahorre sobre costos”, manifestó Daniel Oseda, presidente de la Comisión de Trabajo.
El Ejecutivo había observado esta norma con el argumento que afecta la igualdad de acción a la función pública. Sin embargo, el Congreso aprobó el dictamen con 93 votos a favor, cero en contra y solo dos abstenciones.
La ley solo permite la contratación bajo esta modalidad a los servicios de carácter urgente y temporal, por un lapso que no podrá exceder los 06 meses.
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