¿Es considerado antijurídico un acto ejercido bajo un derecho que se ostenta?

Corte Superior de Justicia de la República
Sala Civil Permanente

Resumen de la
Casación N.º 4453-2016, Lima

Demanda

Se interpone una demanda sobre indemnización por daños y perjuicios con la finalidad que los demandados cumplan con pagar la suma ascendente a S/ 1’000,000.00 por conceptos de lucro cesante y daño emergente, daño moral y daño a la persona (proyecto de vida), en base a los siguientes argumentos: a) en 1996, el demandado fue trasladado a prestar servicio a la jefatura provincial PNP – Yurimaguas; b) al año siguiente de su traslado a dicha zona, se capturó a seis integrantes de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas que, ante el inminente peligro que implicaba trasladar a los detenidos, se vio en la necesidad de dar cuenta del hecho al Jefe del Frente Policial de San Martín -Tarapoto, coronel Asterio Tresierra Aguilar, para que posteriormente este último atribuya el logro de la captura a otro miembro de la PNP, quien ese día estuvo en la ciudad de Yurimaguas en comisión de servicio; c) los codemandados armaron toda una estrategia para imputarle al demandante una serie de calumnias a través del parte N.º 038-FPSM-INSPE/R involucrando a veintiún efectivos policiales de la comisaria de dicho lugar por actos de corrupción y de favorecimiento al tráfico ilícito de drogas; d) precisa que el coronel Asterio Tresierra Aguilar, lo denunció ante la Fiscalía Provincial Especializada por el delito de encubrimiento personal, iniciándose así un proceso penal que terminó con su absolución, agrega además que en vía administrativa, la arbitrariedad fue extrema pues en 1998, bajo el sustento de fraudulento parte incriminatorio, se le pasó de la situación de actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria; y, posteriormente. a la situación de retiro por exceso de límite de permanencia de disponibilidad (más de dos años); y, e) mediante una demanda de amparo se ordenó su reincorporación a la situación de actividad mediante Resolución Suprema N.º 249-2004-IN/PNP, de fecha 16 de junio de 2004, sin embargo, tal circunstancia duró un breve periodo porque al paso de un tiempo se le pasó al retiro por límite de edad, no teniendo ahora ninguna expectativa posible existente, sino el estado de necesidad de tutela jurisdiccional para ser indemnizado por la presente vía.

Contestación

La Procuraduría Pública del Ministerio del Interior contesta la demanda bajo los siguientes argumentos: a) el hecho que el accionante haya pasado a una situación de retiro por límite de edad no significa que se le haya causado daño alguno y, por lo tanto, el accionante no puede argumentar que pudo haber sido coronel PNP, debido a que para ascender al grado inmediato superior existe una serie de requisitos, es decir, no es solamente manifestar que si hubiera estado en situación de actividad hubiera podido alcanzar dicho grado inmediato superior; b) el elemento subjetivo de la responsabilidad dolo o culpa no se encuentra acreditado, toda vez que las sanciones aplicadas administrativamente, así como la denuncia penal seguida contra el demandante, fueron resultados de la investigación que se le realizó en el procedimiento administrativo disciplinario, el mismo que se llevó a cabo en mérito a informes de contrainteligencia, por lo que al no existir dolo o culpa por parte del Ministerio del Interior se debe desestimar la demanda.

Primera instancia

La demanda fue declarada FUNDADA EN PARTE y se ordenó a los codemandados el pago solidario por concepto de indemnización que asciende a S/ 150,000.00, dividido en daño emergente, daño moral y por daño al proyecto de vida, bajo los siguientes fundamentos: a) los hechos punibles imputados al demandante no reposaron en indicios o medios probatorios que permitieran establecer conducta dolosa, más aún cuando fue absuelto de toda responsabilidad penal, poniéndose de manifiesto que el demandante fue sometido a un largo proceso penal por hechos que carecían de veracidad, y que su responsabilidad no había sido determinada plena y cabalmente; b) es incuestionable la producción de un daño emergente producto de que el demandante no sólo fue sometido a un proceso penal de manera innecesaria y absurda, sino que, además, se  vio obligado a la asunción de gastos en el ejercicio de su derecho de defensa por un largo periodo, sin que haya existido elementos razonables que los justifiquen; c) en cuanto al daño moral, al haber sido sometido a un proceso disciplinario y posteriormente penal, todo ello provocó un estado de perturbación y aflicción espiritual, dañando su imagen como miembro de la PNP y, por consiguiente, haber truncado su carrera militar, situación que involucra el daño al proyecto de vida.

Segunda instancia

Se declaro INFUNDADA la demanda, señalando principalmente lo siguiente: a) no se logró descartar en absoluto la imputación penal formulada, lo que en conjunto con otros elementos analizados determinó la absolución del ahora demandante de la denuncia fiscal, motivo por el cual no se puede concluir que la denuncia formulada se haya realizado a sabiendas de su falsedad, precisamente porque todas las partes, así como los que fueron comprendidos en las investigaciones, señalaron que existió captura de narcotraficantes que operaban en la zona de “Lagunas, ciudad ribereña del río Huallaga”, de lo que se debe inferir que la parte demandada ha tenido motivos razonables para denunciar, actuando en ejercicio regular de su derecho; b) los elementos de la responsabilidad civil atribuida a los demandados son concurrentes, por ende, al no existir antijuridicidad en la conducta de la parte demandada, carece de objeto analizar los demás elementos referentes al daño causado, esto es, la lesión a un interés jurídicamente protegido, la relación de causalidad entre el hecho generador y el daño producido, la relación causa-efecto entre la conducta antijurídica y la lesión al interés jurídicamente protegido, y los factores de atribución, o mejor llamados criterios de imputación sobre el causante del daño.

Corte Suprema de Justicia

Sostiene lo siguiente: a) se debe examinar los elementos copulativos a la responsabilidad, entre ellas la antijuridicidad del hecho, procediendo luego a determinar que la denuncia efectuada al demandante por el presunto delito contra la función jurisdiccional en la modalidad de encubrimiento personal, se efectuó en el ejercicio regular de un derecho, motivo por el cual no se puede concluir que la denuncia formulada se haya realizado a sabiendas de su falsedad, sobre todo cuando en las investigaciones se señalaron  que existió una captura de narcotraficantes; de lo que se debe inferir que la parte demandada tuvo motivos razonables para denunciar, por ende, al no existir antijuridicidad en la conducta de la parte demandada, carece de objeto el análisis de los demás elementos de la responsabilidad, deviniendo en infundada la demanda; b) el demandante alega que la denuncia instaurada en su contra fue realizada a sabiendas de su falsedad, sin embargo, ello fue desestimado por la instancia de mérito, puesto que la absolución de un proceso penal no implica necesariamente la existencia de una denuncia a sabiendas de su falsedad, se colige que el artículo 1982 del Código Civil deviene en inaplicable al caso en concreto, en tanto que los demandados actuaron en ejercicio regular de su derecho al denunciar la presunta conducta ilícita que afectaba los intereses del Estado como es el caso del presunto encubrimiento personal.

Sentencia

Se declaró INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista.

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